Decreto-Ley nº 36/2025

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87, párrafo quinto, de la Constitución;

Vista la ley del 23 de agosto de 1988, n.  400, que contiene el “Reglamento de la actividad del Gobierno y de la organización de la Presidencia del Consejo de Ministros” y, en particular, su artículo 15;

Visto el Código civil aprobado por real decreto de 25 de junio de 1865, n. 2358, y en particular los artículos 4 a 15;

Vista la ley del 13 de junio de 1912, n. 555, que contiene disposiciones «Sobre la ciudadanía italiana»;

Vista la ley del 21 de abril de 1983, n.  123, que contiene “Disposiciones sobre la ciudadanía”;

Vista la Ley del 5 de febrero de 1992, n. 91, que contiene “Nuevas disposiciones sobre la ciudadanía”;

Visto el decreto legislativo del 1 de septiembre de 2011, n.  150, que contiene «Disposiciones complementarias al Código de Procedimiento Civil relativas a la reducción y simplificación de los procedimientos de cognición civil, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Nº 18 de junio de 2009. 69» y en particular el artículo 19-bis;

Considerando que las disposiciones adoptadas posteriormente en materia de ciudadanía desde la reunificación nacional han sido interpretadas hasta ahora en el sentido de conceder a las personas nacidas en el extranjero el derecho a solicitar el reconocimiento de la ciudadanía sin límite temporal o generacional ni carga de demostrar la existencia o mantenimiento de vínculos efectivos con la República;

Considerando que este marco normativo determina el crecimiento continuo y exponencial del grupo de potenciales ciudadanos italianos que residen fuera del territorio nacional y que, también en virtud de la posesión de una o más ciudadanías distintas de la italiana, están predominantemente vinculados a otros Estados por profundos vínculos de cultura, identidad y lealtad;

Considerando que la posible ausencia de vínculos efectivos con la República por parte de un número creciente de ciudadanos, que podría alcanzar un tamaño igual o superior a la población residente en el territorio nacional, constituye un factor de riesgo grave y actual para la seguridad nacional y, en virtud de la pertenencia de Italia a la Unión Europea, de los demás Estados miembros de la misma y del espacio Schengen;

Considerando que, en aplicación del principio de proporcionalidad, conviene prever el mantenimiento de la ciudadanía italiana y, en consecuencia, de la ciudadanía europea a las personas nacidas y residentes en el extranjero cuyo estatuto de ciudadanía ya haya sido válidamente reconocido;

Considerando que conviene prever la aplicación de la legislación sustantiva anterior a los conflictos de competencia y a los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la resolución del Consejo de Ministros del presente decreto;

Considerando, por tanto, la extraordinaria necesidad y urgencia de introducir limitaciones a la transmisión automática de la ciudadanía italiana a las personas nacidas y residentes en el extranjero, supeditándola a indicios claros de la existencia de vínculos efectivos con la República;

Considerando, por tanto, la extraordinaria necesidad y urgencia de operar un equilibrio entre los principios enunciados en los artículos 1 y 3 de la Constitución, aplicando las citadas limitaciones a todos los futuros reconocimientos de ciudadanía italiana y evitando la irrazonabilidad intrínseca de reconocimientos de ciudadanía italiana según criterios diferentes en función de un factor casual y no indicativo de vínculos efectivos con la República, como es el nacimiento de los solicitantes, en lugar del ejercicio efectivo de derechos o cumplimiento de deberes vinculados a la condición de ciudadano;

Considerando la extraordinaria necesidad y urgencia de introducir medidas para evitar, en espera de la aprobación de una reforma integral de las disposiciones sobre ciudadanía, una afluencia excepcional e incontrolada de solicitudes de reconocimiento de ciudadanía, que pueda obstaculizar el funcionamiento ordenado de las oficinas consulares en el exterior, de los municipios y de las oficinas judiciales;

Vista la resolución del Consejo de Ministros, adoptada en reunión del día 28 de marzo de 2025;

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional y del Interior, de acuerdo con los Ministros de Justicia y de Economía y Finanzas;